- De la misma forma a los gobiernos involucrados de Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit. Y las dependencias gubernamentales, como el Instituto Nacional de Pediatría, el IMSS, ISSSTE y Pemex

 

- Al igual que la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación

 

En días pasados, medios de comunicación compartieron la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que exhibió una red de nueve empresas del actual delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, que han sido beneficiadas desde el periodo anterior por dependencias y gobiernos estatales de diferentes partidos, y en la actual administración.

 

De acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños declaró tener relación solamente con 4 empresas en su 3de3 en 2018, omitiendo su participación en las 5 restantes. Sin embargo, las 9 empresas comparten en su estructura a once familiares y colaboradores cercanos al delegado, además de direcciones fiscales según el Registro Público de Comercio.

 

Lomelí Bolaños, detalla MCCI, recibió durante los últimos 6 años un total de 150 contratos por más de 2 mil 263 millones de pesos.

 

Los coordinadores parlamentarios Verónica Juárez, del PRD, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano y René Juárez del PRI, exigen que se investigue de forma inmediata la red de empresas de Carlos Lomelí y sus ventas de farmacéuticos sin licitación de forma directa a los gobiernos estatales y dependencias gubernamentales del ámbito federal.

 

De igual manera, el Gobierno Federal debe explicar el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor de este mismo ámbito de gobierno y en varias entidades de la República. El señor Carlos Lomelí no puede seguir siendo funcionario público en tanto sea proveedor activo y vigente de los gobiernos federal y estatales.

 

El tema no es partidista, ni de “grilla” o “politiquería” como ha sido calificado, sino de respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños como delegado federal en el estado de Jalisco, con el manejo de recursos públicos y de programas sociales.

 

De acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Sin embargo, también se le relacionó con 4 empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

 

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la cual desde diciembre de 2018 a la fecha recibió de la actual administración ocho contratos por 164 millones de pesos por la venta de medicamentos, de los cuales seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobiernos de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, quien asignó directamente un contrato por 36 millones.

 

Durante la campaña, el Presidente de la República, en sus conferencias mañaneras, ha reiterado el combate a la corrupción. Sin embargo, a la fecha, no ha dado muestras reales que evidencien la voluntad de querer romper con ese pacto.

 

Le reiteramos al presidente: si en serio busca acabar con el nexo entre empresarios y políticos, cuenta nuestra convicción de atender éste grave problema. Pero si no esclarece el de su propio colaborador y pretende continuar favoreciendo empresarios, estaremos enfrente, como en este caso, denunciando la falta de transparencia que en este país nos lleva a casos de corrupción.

 

 

Por Redacción

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Con la intención de mantener el nivel educativo y el prestigio del que goza la Universidad de Sonora, Diputados Federales de Morena, PT y PES de la entidad, recibieron en las instalaciones de San Lázaro al Rector del Alma Mater.

La diputada Lorenia Valles Sampedro, por el Distrito tres de Hermosillo, hizo uso de la voz y agradeció la oportunidad de tener este diálogo con el Rector.

“Respetamos mucho a la Universidad de Sonora, y buscaremos apoyar desde el presupuesto de egresos de la federación, llevaremos el tema a la comisión de presupuesto para que se puedan atender las necesidades de la universidad, estamos conscientes de la importancia de esta gestión”, apuntó.

‘Mientras que Ana Gabriela Guevara sostuvo que se debe hacer un análisis exhaustivo para desarrollar una agenda que permita lograr el apoyo.

 

 

“Necesitamos su ruta crítica para poder apoyar en todo la propuesta, en tiempo y forma, a favor de la UNISON”, subrayó.

Por su parte, el diputado Javier Lamarque comentó que está consiente que una de las responsabilidades como representantes populares es la de proveer a los estudiantes una mejor educación.

“Necesitamos y deseamos que los muchachos sigan teniendo este buen nivel académico con un costo accesible, esto es muy importante para el avance de nuestros jóvenes sonorenses”, agregó.

 

 

Para la máxima casa de estudios del Estado de Sonora, es fundamental recibir apoyos extraordinarios para atender a la matrícula de 29, 921 estudiantes que cursan licenciaturas y posgrados.

Por ello, los Legisladores Federales que representan a los sonorenses en la Cámara Baja, saben que su trabajo será fundamental para incrementar esa matrícula y lograr que más jóvenes tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.

El programa educativo que tiene la Unison es el más amplio del Noroeste de México, por ello la reunión que sostuvieron las y los Diputados con el Rector Enrique Velázquez Contreras es apenas el principio de una sinergia que traerá consigo buenos resultados para Sonora.

 

 

Por Redacción

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El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados cuestionó al Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya respecto una “sensible disminución” de la clase media del país en los últimos seis años como consecuencia de las políticas económicas implementadas y que impactaron negativamente sobre las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, además de que aumentó el número de mexicanas y mexicanos que perciben menos de 25 a 50 mil pesos mensuales que es el monto promedio para ser considerados dentro de la “clase media”.

Durante la comparecencia de González Anaya, titular en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el diputado Antonio Ortega Martínez -quien participó con la representación del GPPRD- sostuvo sus dichos con base en la numeralia del propio Informe presentado por Peña Nieto a la Nación a principios del mes pasado, y donde se desprende que 65 de cada cien empresas mexicanas, no sobreviven más de cinco años a partir de su creación y dicha cifra se incrementó en el sexenio actual con relación a los anteriores –dijo- destruyendo con ello los sueños de millones de personas que pasaron de ser empresarios a asalariados.

“Si vamos a las cifras relacionadas con empleo y salario durante este sexenio, la constante es que los empleos de buena calidad se perdieron”, resaltó al tiempo de exponer que “según analistas, en este sexenio se destruyeron la gran mayoría de empleos de más de ocho salarios mínimos -o sea, de más de 21 mil pesos mensuales- y se remplazaron por otros de menor calidad”.

Por ejemplo, agregó, al 4° trimestre del 2005, 11 de cada cien trabajadores ganaban más de 5 salarios mínimos; pero al 4° trimestre de 2017, esta cifra se redujo a 4.6 de cada cien. Es decir: ¡De 4 millones setecientos mil connacionales con esos ingresos, bajaron a menos de 2 millones y medio en solo dos años!

“Cada vez hay más personas que ganan menos, y menos que ganan más, y así se destruyó el ingreso típico de la clase media que se ubica entre 50 mil y 25 mil pesos mensuales”, acusó Ortega por lo que cuestionó al funcionario respecto a si este es el sexenio que destruyó a la clase media mexicana.

“A la campaña de ‘Lo bueno cuenta y cuenta mucho’ -agregó- aparecieron cientos de artículos y estudios de analistas e instituciones serias que valoraron que, ciertamente, en la administración actual se crearon más de 4 millones de empleos; pero la masa salarial medida por el Banco de México, va en declive y nuestros socios comerciales en el TLC no quieren tener un socio que compita a base de bajar salarios sistemáticamente”.

“Uno de los hallazgos más alarmantes en este sexenio, mencionó el legislador federal, es que la brecha salarial entre el grupo de altos estudios universitarios de escuelas privadas, percibe sueldos semejantes a montos percibidos por grupos de menor escolaridad”.

“Tradicionalmente, los migrantes que vuelven al país se insertaban en la clase media (en el campo laboral) con mejores sueldos; (pero) a partir de 2015, la población de retorno perdió esta ventaja, y -por primera vez- no les resulta fácil conseguir empleo, y (quienes lo logran) obtienen sueldos menores a la población que se mantuvo en el país”.

Ortega Martínez cuestionó por otra parte, al funcionario federal sobre la propuesta de campaña del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de reducir los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en la frontera norte; pues tales ajustes implicarían unos 104 mil millones de pesos menos a los ingresos fiscales; sin considerar unos 46 mmdp por la condonación del pago de energía eléctrica en Tabasco; con lo cual, indicó, representaría “un boquete de casi 200 mil millones de pesos” menos para las arcas nacionales.

Cuestionó entonces la utilidad del supuesto incremento en las percepciones nacionales anunciado por el próximo subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, quien habló de un monto equivalente a los 360 mil millones de pesos, mismos que –señaló Ortega Martínez- prácticamente se reducirán a 160 mmdp si se mantiene ese compromiso de bajar el IVA, el ISR más la condonación de los adeudos de energía eléctrica para Tabasco.

Finalmente, el diputado perredista dejó en claro que los pre criterios de política económica delineados desde el primer trimestre del año en curso para el presupuesto 2019, ya dejan ver las contradicciones entre los equipos de transición porque no se podrán cumplir las promesas de campaña del gobierno entrante, y mientras Hacienda defiende su postura de dejar un México con estabilidad económica; en contraparte, el gobierno entrante acusa que recibe un país en “bancarrota” como justificación de que no podrá cumplir lo prometido a quienes le dieron el voto.

 

Por Redacción

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Al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada mexicano debe 87 mil pesos; hubo un vulgar dispendio de recursos en el gobierno y queda muy claro que nunca se acercaron a ver cómo viven las familias de México, pero ya se van con su historia de corrupción, impunidad y saqueo de las finanzas públicas, expusieron los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Lo anterior en el marco de la comparecencia del funcionario federal ante el pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del Análisis del Sexto Informe de Gobierno, donde el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, primero de los legisladores panistas en subir a la tribuna, dijo: “Esta ineficiente administración no pudo ser capaz, ni siquiera mintiendo, de dar buenas cuentas ni buenos resultados a la población, afortunadamente ya se van a ir y esperamos por el bien de nuestro país no regresen; en esta comparecencia no se construyeron puentes. El Gobierno Federal sólo puso obstáculos”, precisó.

Reprochó lo que llamó el absurdo y cínico uso discrecional de los recursos públicos al ejecutar programas o proyectos que no fueron aprobados por esta Cámara, sino que a su libre arbitrio decidieron qué programas y qué proyectos llevar a cabo y cuáles no, según conviniera a sus mezquinos intereses.

“Este gobierno de manera sistemática y desvergonzada transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al pasar por encima de esta soberanía ejerciendo un Presupuesto de Egresos distinto al que esta Cámara tuvo a bien aprobar”, indicó.

El diputado federal por el estado de Chihuahua estimó que a esta administración se les aprobaron 4.8 billones y gastaron más de 5.2 billones, es decir, 400 mil millones de pesos más, gastando mil millones de pesos diarios adicionales a los que le aprobaron.

Antes de finalizar su intervención, el diputado Riggs Baeza preguntó al Secretario González Anaya sobre las razones de la dependencia para otorgarle al estado de Chihuahua solo 61 millones de pesos del Ramo 23, mientras que en promedio a cada entidad de la República se le asignaron mil 23 millones de pesos por este concepto, sin olvidar que al Estado de México le entregó 5 mil 291 millones de pesos. Por su parte, la diputada Patricia Terrazas Baca dijo en su exposición que en México, “en 2012, la deuda per cápita era de 49 mil pesos y hoy, gracias al Gobierno corrupto que usted representa, debemos 87 mil pesos los ciudadanos; esto ha provocado un inmenso pago de intereses de la deuda”.

“México tiene una deuda que creció casi el 40 por ciento equivalente al 45 por ciento del Producto Interno Bruto, es similar a todo el gasto neto aprobado para el 2018; once veces mayor al gasto de todos los ramos administrativos; seis veces mayor al gasto federalizado y 33 veces mayor al gasto aprobado para el campo. De esa magnitud es la deuda generada por este Gobierno caro y malo”, destacó.

Durante la comparecencia Terrazas Baca afirmó que este Gobierno se distinguió por ser el que ha tenido más presupuesto; sin embargo, es el que ha incrementado el ISR, el IVA y el IEPS con la tóxica Reforma Fiscal, impidiendo el crecimiento de tasas superiores al cinco por ciento. En la última parte de su exposición, la legisladora federal consideró el desfasamiento de la realidad del discurso oficial “pero tampoco podemos exigirle la seriedad que en seis años no demostraron en el manejo de las finanzas públicas. Ya la historia los juzgará como la peor administración que nuestro país ha tenido; no dejan un país lleno de privilegios, de funcionarios corruptos”, concluyó. 

A su vez el diputado Fernando Torres Graciano en la última intervención del GPPAN en la comparecencia recordó que fue el Grupo Parlamentario del PAN que aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado el que se opuso a la Reforma Fiscal que presentó este gobierno desde sus inicios, porque detendría el crecimiento económico y sucedió.

“Señalamos que iba a perjudicar la economía familiar y sucedió. Señalamos que iba a incrementar la deuda y sucedió. Esta reforma que vino a incrementar el impuesto en la frontera, que vino a cambiar un régimen de Repecos, un régimen sencillo, justo para el pequeño comerciante del mercado, la señora que vende verduras o el de la lonchería, de la pollería de las tortillerías, de esa familia que todos los días se levantan para ganarse la vida se encontraron con una propuesta de un régimen de incorporación fiscal que le vino a hacer oneroso, perjudicial, que en muchas veces ni siquiera pueden cumplir aunque quieran hacerlo”, añadió.

El diputado panista señaló que quiénes aprobaron en su momento esa reforma, muchos eran legisladores y habría que revisar el Diario de los Debates para ver quiénes lo hicieron a favor, porque muchos de la Izquierda que hoy han señalado y han criticado dieron su voto a favor en el Senado y hoy son de la mayoría del partido Morena.

Convocó a la mayoría en el Congreso de la Unión para que escuchen, que no se cierren, a que hagan llegar los documentos de sus propuestas y cuando llegue el nuevo Paquete Fiscal, ojalá corrija los errores que hay actualmente; “ojalá y sea un Paquete Fiscal pensando en el crecimiento del país, en la economía familiar y en lo que la gente nos ha pedido”, finalizó.

Antes de que finalizara la sesión, la diputada Laura Rojas hizo un extrañamiento a la diputada Dolores Padierna, Presidenta de la Mesa Directiva en funciones, para guardar la institucionalidad y garantizar la unidad e imparcialidad de su función. “Si usted quería hacer un posicionamiento, como lo hizo, a nombre de su grupo parlamentario, la debió haber anotado su coordinador y en el turno de los oradores que correspondían a Morena hacerlo, como está establecido el derecho de todos los grupos parlamentarios”, expuso la legisladora panista desde su curul.

“Este precedente no puede dejarse pasar por alto. Así es que un llamado muy respetuoso, pero sí muy enérgico, para que la Mesa Directiva cumpla con su papel de cuidar la unidad y la imparcialidad de la Cámara”, finalizó.

 

Por Redacción

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Las contradicciones entre el presidente Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador cuando éste afirmó primero que recibiría un país “con estabilidad financiera”; pero días después que “recibirá un país en bancarrota” y que no estaría en condiciones de cumplir por ello sus propuestas de campaña, evidencia que las cuentas presupuestales para el 2019 no “cuadran” en favor del nuevo régimen y se empieza a ver que la “transición de terciopelo” entre Peña y AMLO ha terminado, afirmó el diputado perredista Antonio Ortega Martínez.

El legislador federal sostuvo que los recursos presupuestales están previstos desde marzo con los pre-criterios 2019 generados por Hacienda y, aun cuando se harán algunos ajustes, los recursos anunciados tan solo para apoyos a Adultos Mayores; jóvenes que no estudian ni trabajan; personas con discapacidad y becas para universitarios, implicarían -tan solo este 2019- una erogación superior a los 268 mil millones de pesos (1.2 por ciento del PIB) que no pueden ser reunidos ni con los recortes en la planta laboral, de modo que las y los legisladores de Morena, junto al equipo económico de López Obrador, ven con dificultad la posibilidad de arrancar con éxito la llamada “Cuarta Transformación” del país.

“El presidente electo empieza a tomar conciencia de las dificultades que habrá de enfrentar para cumplir sus promesas de campaña. No puede arriesgarse a incurrir en déficit ni deudas para financiar los compromisos adquiridos con quienes –a través de su voto en las urnas- le dieron su respaldo, pero tampoco ha buscado rectificar sin encontrar una explicación exógena a su voluntad y, por el contrario, responsabiliza a otros”, acusó el diputado.

“López Obrador reapareció con su discurso beligerante y ha tenido desplantes que chocan con el tono conciliador adoptado después de su triunfo electoral en la medida en que la viabilidad y la conveniencia de muchas de sus propuestas empezaron a ser cuestionadas como el aeropuerto; las reformas educativa y energética; la amnistía; la descentralización del gobierno a los estados; la reducción de los salarios de  ‘la burocracia’; obras de infraestructura como el Tren Maya y la  Refinería en Tabasco; y la reducción de impuestos en la frontera norte”.

Si bien es cierto el país enfrenta muchos problemas, no está en bancarrota, subrayó Ortega Martínez y recalcó que esa afirmación es inexacta y no corresponde a quien asumirá la conducción del país: “Al hacer este tipo de señalamientos, AMLO pone en serio riesgo nuestra economía porque genera mensajes negativos que pueden impactar sobre los mercados a nivel local e internacional y ahí sí, con seguridad, llevar al país a una auténtica “bancarrota”, explicó. 

“López Obrador ha asegurado que ‘se mantendrá la estabilidad económica y que no se incurrirá en déficit ni endeudamiento’, pero al señalar que ‘el país está en bancarrota’, pone en su contra la postura de líderes empresariales, actores políticos y legisladores de oposición, así como analistas quienes coinciden en que con este tipo de señalamientos, lo que pretende es curarse en salud y, sobre todo, está eludiendo su responsabilidad al señalar que si la inflación repunta o el peso se devalúa, no se deberá a las eventuales fallas de su administración sino a la mala política financiera del Banco de México (que, por cierto, no se encarga de la política financiera sino de la monetaria). No se puede responsabilizar a priori al Banco Central de un eventual repunte inflacionario”, aclaró Ortega Martínez.

El decano de esta LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados refirió que sin duda el país enfrenta una situación difícil: El crecimiento económico insuficiente, los altos niveles de inseguridad; y la inequidad creciente; pero –recordó- esta situación era conocida de antemano, y si resultó electo por 30 millones de votos, fue precisamente para que lidiara y superara estos problemas.

“Su responsabilidad como futuro Jefe del Ejecutivo, será dar respuesta que satisfaga las expectativas de la ciudadanía (al margen del complejo entorno que habrá de enfrentar) y por lo que vemos, está claro que la llamada ’Cuarta Transformación’ afrontará dificultades mayores a las previstas. Ante ello, los mexicanos queremos mayor precisión a las propuestas porque hasta ahora lo único que estamos detectando son nuevas incertidumbres”, citó el legislador.

Al finalizar Antonio Ortega hizo notar que, como consecuencia de las estridentes declaraciones de AMLO sobre el tema de la “bancarrota del país”, el vocero de la Presidencia declaró que no habrá nuevos encuentros con el presidente Peña y mientras tanto, la cuenta regresiva corre, ya faltan menos de 70 días para conseguir los recursos y aprobarlos en San Lázaro.